La libertad prospera cuando la gente, no los burócratas, decide qué ideas son dignas de discusión, debate o apoyo. Como ha argumentado FIRE durante mucho tiempo, la reforma en los campus es necesaria. Pero la coerción gubernamental excesiva que intenta eludir la Primera Enmienda para imponer una ortodoxia oficial es inaceptable. Y el nuevo Pacto de Excelencia Académica en la Educación Superior de la Casa Blanca plantea señales de alerta. El pacto incluye un lenguaje preocupante, como llamar a las instituciones a eliminar departamentos considerados como que "castigan intencionadamente, menosprecian e incluso provocan violencia contra ideas conservadoras". Seamos claros: el discurso que ofende o critica puntos de vista políticos no es violencia. Confundir palabras con violencia socava tanto la libertad de expresión como los esfuerzos para combatir amenazas reales. El pacto también requiere que los empleados universitarios se abstengan de "acciones o discursos relacionados con la política". Si el lenguaje simplemente prohibiera a los empleados de alto rango participar en actividades políticas partidistas en nombre de la universidad, reflejaría las restricciones existentes y generalmente permisibles del IRS. Pero la redacción reportada del pacto va más allá al sugerir una prohibición general sobre todo el personal que participe en discursos políticos. Para las instituciones públicas, eso es profundamente problemático. Los profesores de universidades públicas tienen el derecho de la Primera Enmienda a hablar sobre política en su enseñanza e investigación. Fuera de sus deberes oficiales, los profesores y empleados no académicos de la universidad mantienen plenos derechos de la Primera Enmienda para hablar fuera de su horario como ciudadanos privados sobre asuntos de interés público. Prohibirles hacerlo sería claramente inconstitucional. Un gobierno que puede recompensar a colegios y universidades por el discurso que favorece hoy puede castigarlos por el discurso que no le gusta mañana. Eso no es reforma. Eso es ortodoxia financiada por el gobierno.