La Constitución, nuestras leyes de inmigración y las decisiones del Tribunal Supremo otorgan al gobierno federal la autoridad, las herramientas y el deber de proteger a los estadounidenses contra los extranjeros que apoyan el terrorismo. Desde el primer día, la Administración Trump ha estado haciendo exactamente eso. No dejaremos de luchar para mantener a salvo a nuestros ciudadanos.