Las emisoras tienen el derecho de la Primera Enmienda a decidir qué programación transmitir. Si al Congreso le preocupa que el gobierno federal sacuda a las emisoras, debería investigar al gobierno, no a la emisora. El remedio a la interferencia del gobierno en los medios no es más interferencia. El gobierno castigando a las emisoras o entrometiéndose en sus procesos editoriales por negarse a transmitir un programa es tan dañino como castigarlas por transmitirlo. Dos errores no reivindican un derecho constitucional.